Avanzan las negociaciones para reducir la jornada laboral máxima y lo hacen con un cambio significativo en la postura del Ministerio de Trabajo, ya que se ha abierto este miércoles a flexibilizar los plazos para poner en marcha la medida, que el Gobierno se comprometió a materializar con una primera bajada a 38,5 horas semanales en 2024 antes de proceder al recorte definitivo a las 37,5 horas en 2025. El Ejecutivo se mantiene en ese horizonte, pero se muestra dispuesto a explorar fórmulas para que la reducción de la jornada sea "paulatina", abriendo la puerta a dar de margen a las empresas hasta finales de 2025.
El Ministerio de Trabajo, CEOE, Cepyme, CCOO y UGT se han reunido de nuevo este miércoles para continuar con la negociación de la reducción de jornada y discutir la última propuesta remitida la semana pasada a los agentes sociales para buscar un acuerdo tripartito. A la posibilidad de flexibilizar los mecanismos para implantar el recorte en las horas de trabajo mediante una distribución irregular de la jornada en cómputo anual, el Gobierno añade ahora otra pata sobre la que negociar: los plazos para materializar la medida, una manera de atraer a la patronal, que desde el principio se ha mostrado muy reacia a acordar una reducción de jornada.
En la reunión de este miércoles, el Ejecutivo ha planteado a los agentes sociales la posibilidad de que las 37,5 horas se incorporen "sin prisa" con "unos plazos flexibles". Así lo ha transmitido a la salida del encuentro el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, que ha afirmado que este ha sido un extremo demandado tanto por las organizaciones empresariales como por los sindicatos y que el Ministerio está dispuesto a estudiarlo.
El número dos de Trabajo ha evitado concretar qué formulas se valoran para flexibilizar los plazos, aunque ha ejemplificado que no es lo mismo exigir la aplicación de las 37,5 horas máximas el 1 de enero de 2025 que el 31 de diciembre de ese año, lo que en la práctica daría un margen adicional de un año. "Es un debate que se ha abierto en la Mesa de hoy, que han propiciado las organizaciones patronales y sindicales, y lo sensato es esperar a la próxima reunión para ver cuáles son los márgenes", se ha limitado a decir, evitando dar más detalles sobre la flexibilización de los plazos e insistiendo en que el Ejecutivo mantiene el compromiso de no ir más allá de 2025.
"Con todo el 2025 hay mucho recorrido", ha reiterado Pérez Rey, al mismo tiempo que se ha abierto a acometer el cambio en la jornada laboral con la "complicidad" de los convenios colectivos. Hasta el momento el Gobierno había rechazado vincular la reducción de las horas de trabajo a la negociación colectiva -tal y como defienden los empresarios-, porque eso podría suponer una demora en el despliegue de la medida. Aun con todo, el secretario de Estado ha subrayado la voluntad del Ejecutivo de reducir el tiempo de trabajo de manera "progresiva" para asegurar que esta medida pueda pervivir durante décadas.
Distribución irregular y desconexión
Esta posible relajación de los tiempos se suma a la flexibilización que el departamento de Yolanda Díaz planteó la semana pasada al proponer que el 10% de la jornada anual que actualmente las empresas pueden distribuir irregularmente siga calculándose sobre 40 horas en 2025, en lugar de sobre las 37,5 horas a las que se aspira a reducir la jornada máxima legal. Con esta iniciativa, que ha sido acogida de forma favorable desde sindicatos y patronal según Pérez Rey, se busca facilitar que las empresas de sectores como la hostelería o la agricultura -donde la actividad se concentra en momentos puntuales del año- puedan concentrar más horas de trabajo en estos picos de actividad.
Además, el secretario de Estado ha mencionado este miércoles otras fórmulas para dar margen a las empresas a la hora de incorporar las 37,5 horas, como la posibilidad de ajustar las horas mediante días de vacaciones o permisos adicionales. No obstante, el número dos de Trabajo ha evitado concretar ninguna propuesta al respecto y ha emplazado a discutirlo en la próxima reunión de la Mesa de Diálogo Social convocada para el 29 de julio.
Como novedad, el Gobierno también ha planteado este miércoles incluir en el ansiado acuerdo el derecho a la desconexión digital, para conseguir que la reducción de la jornada "sea eficaz y respete escrupulosamente los tiempos de descanso" de los trabajadores. "Se trata de trabajar menos y de no ser molestados cuando no trabajamos", ha defendido Pérez Rey, que ha reconocido que, aunque este derecho ya se encuentra regulado en la normativa actual, "no ha generado sus frutos". "La reducción de jornada de 2024 coincide con la de 1983 en que reduce el tiempo de trabajo, pero tienen que tener en cuenta que estamos en plena transición digital", ha explicado, recalcando la necesidad de garantizar que los trabajadores no reciban mensajes ni llamadas laborales fuera de su jornada.
Amenaza de movilizaciones
Desde el Ejecutivo insisten en que el acuerdo se cerrará "cuanto antes", aunque aclaran que prefieren tardar unas semanas más de lo previsto inicialmente con tal de que el pacto sea tripartido, una postura que dista del intercambio de reproches vivido entre patronal y Trabajo hasta la semana pasada. "No vamos a dejar caer un acuerdo en un contexto de confianza y de construcción recíproca por tratar de acelerar unas semanas el cierre del texto", ha señalado el secretario de Estado, que ha calificado la reunión de este miércoles como "muy constructiva".
Los sindicatos están dispuestos a seguir negociando, pero advierten de una situación de "cierto atascamiento" y avisan de que, si no se producen avances sustanciales, convocarán movilizaciones. "La Mesa sigue funcionando, pero estamos en un cierto bucle", ha apuntado la responsable de Acción Sindical y Empleo de CCOO, Mari Cruz Vicente, tras el encuentro. "De no buscar de inmediato un acuerdo y de no avanzar de una manera sustancial y concreta en la reunión del próximo día 29, para primeros de septiembre CCOO y UGT convocaremos una batería de movilizaciones para conseguir que esta medida sea real y efectiva", ha añadido. "Vamos a trabajar hasta la extenuación, pero el objetivo es irrenunciable", ha subrayado el vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján.
Los representantes de los trabajadores echan en falta concreción en los puntos planteados este miércoles por el ministerio. "No tenemos nada por escrito", ha lamentado Vicente, que también ha pedido colaboración a la patronal. En particular, respecto a la posibilidad de ampliar los plazos para poner en marcha la reducción de jornada, los sindicatos se muestran dispuestos a aceptar medidas transitorias para casos concretos, pero no un aplazamiento generalizado. "Podemos ser más elásticos, pero no se trata de llevar al año 2027 o 2026 lo que tiene que empezar a andar ya", ha recalcado Luján. "Transitoriedad sí, aplazamiento no", ha incidido.
Comentarios